La Fiscalía ya considera autoridad a los profesores de centros públicos
La cobertura de los profesores está vigente desde hace un año, anticipándose a la propuesta de la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, de dar a los docentes la misma protección que a jueces y médicos.
La cobertura de los profesores está vigente desde hace un año, anticipándose a la propuesta de la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, de dar a los docentes la misma protección que a jueces y médicos.
La Fiscalía General del Estado (FGE) ya consideraba que los profesores de los centros públicos tienen la condición de autoridad a efectos penales y, en consecuencia, una agresión grave contra estos docentes puede ser calificada como delito de atentado contra la autoridad. Así lo estableció la FGE en una circular remitida en diciembre de 2008 a las Fiscalías de toda España, casi un año antes de la medida anunciada hoy por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que se ha comprometido a presentar una Ley de Autoridad del Profesor para conceder a "todos los funcionarios docentes de Primaria y Secundaria la condición de autoridad pública".
Este anuncio, con el que Aguirre responde a las demandas de los sindicatos de Enseñanza, es el criterio que ya está aplicando con carácter general la Fiscalía en todo el territorio nacional. En la instrucción remitida el año pasado se aconsejaba a los fiscales considerar como un delito de atentado contra la autoridad las agresiones graves contra los médicos y profesores que trabajan en centros dependientes de la Administración pública, pero no en los concertados ni privados. La distinción se basa en que los empleados de las concertadas no tienen la condición de funcionarios públicos.
Según la citada circular, únicamente los docentes de centros públicos pueden ser considerados como autoridad pública a efectos penales, de tal manera que las agresiones que sufran en el ejercicio de las funciones públicas podrán calificarse como un delito de atentado contra la autoridad, castigado con penas de dos a cuatro años de cárcel. "Este delito sólo se producirá cuando la acción descrita en el tipo penal esté dirigida contra funcionarios públicos en el ejercicio de actividades que afecten al bien jurídico protegido", explica la Fiscalía General en la circular.
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